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Inventario general de bienes y derechos

Todas las Administraciones públicas tienen la obligación de poseer y actualizar permanentemente la herramienta clave para proteger y gestionar de forma adecuada los bienes y derechos que forman parte de su Patrimonio, a través del “Inventario General de Bienes y Derechos”.

La Ley 33/2003 tiene la virtud de reforzar el valor del inventario de bienes y derechos de dos formas:

  • Obligando a la inscripción de los bienes y derechos en el Registro de la Propiedad, como así se determina en el artículo 36.1: “Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros, los bienes y derechos de su patrimonio ya sean demaniales o patrimoniales, así como todos los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros”, y
  • Estableciendo un plazo máximo para la inscripción de los bienes y derechos en el Registro de la Propiedad, según se establece en la Disposición Transitoria Quinta (Inscripción en el Registro de la Propiedad de los Bienes Demaniales): “Para el cumplimiento de la obligación de inscripción establecida en el artículo 36 de esta Ley, respecto de los bienes demaniales de los que las Administraciones públicas sean actualmente titulares, éstas tendrán un plazo de cinco años contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.”

La Ley 33/2003 entró en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 4 de noviembre de 2003. Es decir, el 4 de noviembre de 2008 todas las Administraciones públicas (Estatatales, Autónomicas y Entidades Locales), tienen que tener inscritos sus bienes de dominio público en el Registro de la Propiedad.